Un año después: la violencia armada en los territorios de EE. UU.
El año pasado publicamos el primer informe de su tipo que describe la situación de la violencia armada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI) y Puerto Rico. Durante décadas, la violencia armada en estos territorios ha sido ignorada en gran medida, a pesar de que estos territorios experimentan índices extremadamente altos de violencia con armas de fuego.
En el último año, el gobierno federal ha publicado nuevos datos sobre el tráfico de armas y hemos obtenido nuevos datos sobre la violencia armada en los territorios. Después de revisar dicha información, una cosa queda más que clara: la violencia con armas de fuego continúa siendo devastadora en estos dos territorios.
Nuestro informe original demostró cuán altas son las tasas de violencia con armas de fuego en Puerto Rico en comparación con los 50 estados y Washington, DC. Estos datos provienen del Sistema de Informe de Muertes Violentas de Puerto Rico, que es parte de un sistema federal para rastrear todas los tipos de muertes violentas en los 50 estados, Washington, DC y Puerto Rico. Desde la publicación de dicho informe, dos años adicionales de datos han transcurrido, lo que nos permite apreciar una imagen más completa de la violencia armada en Puerto Rico.
Puerto Rico se muestra entre las tasas más altas de violencia armada en los EE. UU. De hecho, si se clasificara entre los 50 estados, la tasa total de muertes por armas de fuego de Puerto Rico ocuparía el séptimo lugar. Aproximadamente 660 personas mueren cada año a causa de la violencia con armas de fuego en el territorio y más del 93% de estas muertes con armas de fuego son homicidios con pistolas. La tasa de homicidios con armas de fuego en Puerto Rico ocuparía el primer lugar entre los 50 estados.
A Year Later: Gun Violence in the US Territories
Alex Nguyen—Apr 17, 2023
Al igual que en Puerto Rico, la epidemia de violencia armada hace estragos en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Las Islas Vírgenes de los EE. UU. no tienen un sistema de notificación de muertes violentas, pero a partir de informes limitados, sabemos que su tasa de homicidios con armas de fuego supera la de los otros 50 estados.
Como se describió originalmente en nuestro informe, uno de los principales factores que promueve la violencia con armas de fuego en ambos territorios es el tráfico de armas de fuego de los estados de EE. UU. a dichos territorios. Si bien las armas a menudo fluyen de los estados con leyes más débiles a los estados con leyes más estrictas, el tráfico cobra un precio particularmente alto en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Según un nuevo reporte publicado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), únicamente el 28% de las armas de fuego recuperadas por las fuerzas policiacas a nivel nacional se vendieron originalmente en otro estado, en comparación con el 93% en las Islas Vírgenes Estadounidenses y el 72% en Puerto. Rico. Florida, el estado geográficamente más cercano a estos territorios, es el mayor proveedor de armas para el crimen en ambos lugares.
Violencia con armas de fuego en los territorios de EE. UU.
Alex Nguyen—Mar 07, 2022
El nuevo informe de la ATF también demuestra cómo los jóvenes son desproporcionadamente responsables de la violencia con armas de fuego en las Islas Vírgenes Estadounidenses USVI y Puerto Rico. De 2017 a 2021, los adultos jóvenes representaron más de la mitad de todos los poseedores de armas de fuego recuperadas por la policía en ambos territorios. A nivel nacional, los poseedores menores de 35 años representan el 60% de todas las armas de fuego, en comparación con el 80% tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Además, en las Islas Vírgenes Estadounidenses, los poseedores tenían el doble de probabilidades de tener entre 18 y 24 años en comparación con el promedio nacional.
Además de describir los patrones de tráfico de armas de fuego, el informe también detalla el creciente problema de las armas fantasma en dichos territorios. Las pistolas fantasma son armas de fuego sin marcas o serie ensambladas a partir de kits caseros que permiten a los compradores eludir una serie de leyes estatales y federales sobre armas de fuego. Según el informe de la ATF, las Islas Vírgenes Estadounidenses tenían una de las tasas más altas de armas fantasma rastreadas y recuperadas entre todos los estados y territorios, y la tasa de Puerto Rico se encontraba entre las primeras 15.
Si bien estos nuevos datos han profundizado nuestra comprensión tanto del problema como de los factores que impulsan la violencia armada en ambos territorios, también se han tomado medidas importantes para combatir la violencia con armas de fuego:
- En Puerto Rico, la intervención contra la violencia comunitaria conocida como Acuerdo de Paz, dirigida por la organización comunitaria Taller Salud, recibió una donación por $2 millones para continuar con su fantástica labor para frenar la violencia armada en Loíza.
- En 2022, el Congreso aprobó la Ley bipartidista de comunidades más seguras, que incluía una serie de disposiciones que fortalecen las leyes en tema de seguridad de las armas de fuego, incluida la creación de un estatuto federal de tráfico que convertiría el tráfico de armas de fuego en un delito.
- La administración de Biden y la ATF emitieron recientemente un régimen de armas de fuego fantasma que clasificaba las piezas de armas y los kits de armas fantasma como armas de fuego. Esta regla requiere que estas piezas y kits tengan números de serie, sean vendidos por un vendedor con licencia federal y requieren una verificación de antecedentes durante su venta.
Estos datos recientes son fundamentales para ayudarnos a entender un poco mejor la violencia armada en los territorios de EE. UU. y los factores que fomentan esta crisis en dichas regiones. Y si bien se han tomado medidas importantes para comenzar a abordar la violencia armada en estos territorios, quedan muchas preguntas sin responder sobre el alcance de esta crisis y mucho trabajo por hacer.
La violencia armada en los territorios de EE. UU. es un problema urgente de salud y seguridad pública, que merece nuestra atención, nuestra indagación y una respuesta política concertada de los legisladores federales y estatales.
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